El año fiscal 2016 se estrenará con mayor presión fiscal. Particularmente en la franja de grandes contribuyentes. El martes, la Legislatura tratará el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley Nº 8467 (Ley Impositiva de la Provincia) y la Ley Nº 5121 (Código Tributario Provincial). Y esto ha despertado la reacción de empresarios y de profesionales contables que observan que Tucumán está lejos de atraer nuevas empresas con este tipo de legislación.

Según el presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, Abelardo García, el Gobierno pretende elevar de 3,5% a 4,5% las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a una escala de ingresos gravados, no gravados y exentos obtenidos por los contribuyentes en el período fiscal 2014. “Se trata de una modificación que tiene efectos meramente recaudatorios cuando lo que se debería plantear la provincia sería justamente todo lo contrario. O sea reducir la presión fiscal a fin de lograr atraer inversiones brindando un marco de seguridad jurídica y competitividad fiscal frente a otras jurisdicciones”, indica.

A criterio de los contadores, una provincia alejada de los grandes puertos y de los principales centros de consumo, debería replantearse la política tributaria reduciendo la presión fiscal lo que redundaría en una mayor inversión, producción y consiguiente consumo que impactaría en una mayor recaudación.

Está comprobado que llegado a un límite de la presión fiscal la recaudación tiende a disminuir, advierte García.

Otro efecto negativo de esta medida consiste en que por las características intrínsecas de Ingresos Brutos que grava cada etapa de la comercialización (efecto piramidal y en cascada), seguramente será trasladado por las empresas a los precios cayendo en definitiva el peso del tributo en el consumidor final.

Del mismo modo, Agustín Zeppa, coordinador del colegio de graduados y miembro de la comisión de Impuestos de la Federación Económica de Tucumán (FET), sostiene que -con los cambios- se está generando un encarecimiento en las empresas de un impuesto que se trasladará a precios. “Además será un gran condicionante entre las empresas grandes para vender en Tucumán o las obligará a replantear la posibilidad o no de instalarse en la provincia”, sintetiza. Zeppa indica, además, que la iniciativa oficial también contempla suba de alícuotas para los servicios financieros. Esto provocará el traslado inmediato a los costos en los préstamos en el caso de los bancos y en los gastos administrativos que perciben las tarjetas de crédito”, acotó.

Alícuotas

El impacto en ingresos brutos

El proyecto oficial propone elevar las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, según una escala de ingresos gravados, o gravados y exentos  obtenidos por los contribuyentes en el período fiscal 2014 en los siguientes porcentajes: 0,5 % para el total de ingresos comprendidos entre $ 250 millones y $ 500 millones; un 0,75 % para ingresos de entre $500 millones y $ 1.000 millones, y un 1 % para ingresos superiores a $ 1.000 millones. En este aspecto, los contadores sostienen que el Gobierno debería replantear su iniciativa de tal manera de incentivar más la instalación de nuevos emprendimientos que seguir “cazando dentro del zoológico” impositivo, es decir, cobrar más a los mismos. 
 
Franquicias

Porcentajes variables de créditos fiscales

Las explotaciones agropecuarias e industriales que gozaban de las franquicias establecidas por la Ley 8539, ante este aumento de alícuotas seguirán gozando de ellas al contemplarse el incremento de los créditos fiscales establecidos en aquella norma. Así, por caso, se establece que el crédito fiscal para explotaciones industriales será de entre 55% y 60% (hasta ahora es del 48,6%) y para las explotaciones industriales irá desde el 65% al 68,9% (hoy es de 60,1%). “Se trata de una suerte de compensación y deja que porcentualmente siga la misma alícuota reducida que tenía antes de la reforma propuesta por el Ejecutivo”, advierte el tributarista Agustín Zeppa.
 
Tribunal

Autarquía financiera

Se dota de autarquía jurídica y financiera al Tribunal Fiscal de Apelación, pero está vinculado a Economía. Establece que la retribución será igual a la de los jueces de las Cámaras de Apelaciones y la remuneración del personal será la que fije el Tribunal Fiscal la que se regirá por el escalafón Judicial. Según Abelardo García, la reforma tiene efecto presupuestario en consonancia con la creación del Tribunal luego de casi 20 años de mora con el mandato legal de su implementación. Nada dice sobre la selección de sus integrantes mediante concurso de antecedentes y oposición.
 
Exenciones

Controversias

Elimina exenciones en los impuestos inmobiliarios, ingresos brutos, sellos y tasas generales de actuación a asociaciones civiles, fundaciones de bien público en general cuando obtengan ingresos provenientes del desarrollo habitual de actividades comerciales o de servicios. Según los contadores, esta modificación generará controversias, ya que hasta ahora se establecía que las operaciones realizadas por estas asociaciones estaban exentas siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente a lo previsto en sus estatutos.